Procedimiento contra el alcalde de Alhaurín y responsables de la Junta de Andalucía

EUROPA PRESS

La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos (Málaga) ha emitido un auto en el que cita a declarar como imputados a cargos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y de la Junta de Andalucía, en el proceso penal abierto sobre las canteras de dicha localidad.
Entre los imputados se encuentra el delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ignacio Trillo, que declarará el próximo 11 de noviembre. Otros cargos citados son los directores generales de la Junta en Sevilla Francisco Mencía Morales, Julio Alba Riesco, Jesús Nieto y Juan Donaire Márquez; los funcionarios del Gobierno andaluz Belén Martínez y Juan Hortal, así como los anteriores delegados de Minas Alberto Aguayo, Jacinto Mena y Ana Gómez; y el anterior jefe del servicio de Minas, Luis Méndez.
También testificarán como imputados por este caso el alcalde de la localidad, Joaquín Villanova, así como dos concejales, el arquitecto municipal y representantes de las empresas Sánchez Domínguez SA, la cantera Aripresa y de la Compañía General de Canteras, del grupo Financiera y Minera.
Motivos Aunque los perjuicios sanitarios y medioambientales que genera esta actividad fueron denunciados desde 1993 por los vecinos, el Juzgado de Instrucción número uno de Torremolinos ha optado por retomar el proceso tras analizar el informe de un especialista sobre su impacto en la zona.
El presidente de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, Juan Piña, señaló durante una rueda de prensa que a pesar de que estas canteras carecen de una licencia de apertura, las administraciones autonómica y local "han hecho caso omiso y las han amparado y protegido a sabiendas de su ilegalidad y de que superan los límites de polvo impuestos por la propia Junta en un cuatrocientos por ciento".
El colectivo añadió que "por ley no puede haber canteras en Alhaurín por ser una zona protegida" y señaló además que este tipo de infraestructuras no pueden ubicarse a menos de dos kilómetros de una población, mientras que "el noventa por ciento de las situadas junto a esta localidad está a menos distancia y algunas incluso algunas a trescientos metros".
Piña manifestó que los altos índices de polvo están provocando "graves daños" a personas mayores y con problemas respiratorios y aseguró que se trata del pueblo "con más enfermos por deficiencias pulmonares de la provincia".
Desde el punto de vista ecológico el informe pone de manifiesto que la zona, con un 59 por ciento del territorio de valor botánico alto-muy alto, se ha visto alterada de manera "grave e irreversible", ya que han sido destruidas un total de 290 hectáreas de monte "imposibles de regenerar de forma natural y cuya degradación se mantendrá durante un larguísimo plazo".
Esta denuncia, interpuesta a principios de 2002 por la Fiscalía de Medio Ambiente, se suma a otras dos de carácter penal, otras siete de tipo contencioso administrativo y a unas doscientas reclamaciones de vecinos por la misma cuestión.
La Plataforma pidió que se agilizase el procedimiento, así como una compensación económica, que superaría los sesenta millones de euros, para la restauración del área para evitar su uso urbanístico "como quiere el alcalde", destacó Piña. El colectivo apuntó además a posibles intereses particulares de los implicados por lo que solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.